La noche en que éramos ilegales y quisimos cambiar la ley
La Iniciativa para el Fomento de la Participación Ciudadana
Eran sobre las dos de la madrugada del sábado 21 al domingo 22 de mayo. En la Plaza de la Constitución, la gente compartía ideas, hablaba sobre política, sobre la dinámica de las asambleas y, en definitiva sobre cómo mejorar la sociedad en la que vivimos. Cabe recordar que, en aquél momento, éramos “ilegales”, incluso más que las otras noches. Algunos tenían apuntados los teléfonos de varios abogados en los brazos por si la policía desalojaba la plaza y éramos detenidos. No se trataba sólo de estar acampados, que ya podría traer problemas, sino de hacerlo en Jornada de Reflexión. La Junta Electoral Central, constituida de un modo que no respeta la separación de poderes (5 de sus miembros son elegidos por el gobierno, a propuesta de los grupos parlamentarios) había declarado ilegal aquél espectáculo democrático que es la acampada, desde las 00.00 del sábado 21, con la excusa de respetar la Jornada de Reflexión. Curiosamente, mientras la asamblea había rechazado convertirse en un partido político, y sin proponer en ningún momento ninguna opción con respecto a qué votar (o si votar siquiera), durante esos dos días de aún se veía propaganda de los partidos políticos mayoritarios por las calles de Málaga: “Vota tal” o “Vota cual”, rezaban. ¿Respetaban esos carteles la Jornada de Reflexión? Nosotros, en cambio, evitamos en las pancartas y en la asamblea la mención a ningún partido político. Si pedíamos algo con respecto a las elecciones, era precisamente que la gente reflexionase sobre para lo que están sirviendo sus votos.
Pues bien, en esa noche en que éramos ilegales, un grupo de gente charlaba sobre cómo mejorar las asambleas y cómo conseguir que las propuestas que teníamos se realizasen. Alguien habló de las ILPs, las Iniciativas Legislativas Populares, una herramienta que permitía a los ciudadanos llevar una propuesta de ley al Congreso de los Diputados, tras recoger 500.000 firmas que apoyasen la propuesta. Habíamos recogido una cantidad similar de firmas en apoyo al movimiento a nivel estatal, en sólo una semana. ¡Podríamos hacerlo! Era el momento; pero, ¿qué propuesta llevar primero? ¿Cuál era la más importante de todas? Quizá la más fácil de atacar era la Ley Electoral que, utilizando el Sistema D’Hont y la circunscripción provincial, favorece a los partidos políticos mayoritarios. Y, sin embargo, no estábamos seguros de poder cambiarlo mediante una ILP (luego comprobamos que no se podía). Además, por otra parte, muchos que apoyaban el movimiento consideraban mucho más importante atacar la mercantilización de las personas, o reivindicar el derecho al trabajo o a la vivienda, que la mera reforma de la ley electoral.
Entonces, de esa discusión, surgió una propuesta, quizá un poco rebuscada: llevar a cabo una ILP para modificar la ley que regula las ILPs, y rebajar el número de firmas necesario, por ejemplo a 50.000. El planteamiento era recoger 500.000 firmas ahora para sólo necesitar 50.000 después, para cada una de las propuestas específicas. Si reducíamos el número de firmas necesario, todas las propuestas de todas las asambleas del estado podrían intentar llegar al Congreso fácilmente, y así los políticos se verían enfrentados constantemente con las propuestas de ley del pueblo, en vez de seguir legislando a sus espaldas.
Eran las tres y media de la madrugada y estábamos deseando saber hasta qué punto era posible reducir el número de firmas. Alguien comentó que había hablado con un abogado del equipo legal que estaba completamente con nosotros, que estaba disponible siempre, para cualquier cosa… Le tomamos la palabra, y le llamamos. Sí, a las tres y media de la madrugada.
Como era de esperar, estaba durmiendo. Aún así, en vez de quejarse o mandarnos a algún lugar feo, comentó que le parecía una idea genial, y que probablemente fuera posible, sencillamente habría que cambiar la ley que regula el funcionamiento de las ILPs. Por supuesto, se equivocaba. Probablemente no era muy buena hora para hablar de leyes.
Como aún no sabíamos que no se podía, en la asamblea del lunes 23 de mayo planteamos la propuesta de rebajar al número de firmas. La asamblea lo apoyó, e incluso se avisó a los medios sobre ello… Pero llegó el día 25 de mayo, y el abogado del equipo legal vino a la asamblea a reconocer que no se podía bajar el número necesario de firmas a nivel estatal: en la constitución aparece que son 500.000. Y, por supuesto, no se puede cambiar la constitución mediante ninguna iniciativa ciudadana. Además, hay toda una lista de leyes (para empezar, las leyes orgánicas), que no se pueden tratar de modificar mediante ILPs.
Sin embargo, no todo eran malas noticias. El equipo legal había encontrado un resquicio, una manera de “hackear” la ley: aunque a nivel estatal está blindado el número de firmas, no es así en el caso autonómico. Actualmente, para presentar una ILP ante el Parlamento de Andalucía, se necesitan 75.000 firmas, y hay una serie de materias restringidas a las ILPs autonómicas, como leyes relativas a la economía y al trabajo. Pero esto no estaba recogido en Ley Orgánica ni en la Constitución Española. Podía modificarse.
Se propuso, así, rebajar de 75.000 a 10.000 el número de firmas necesarias para presentar ILPs ante el Parlamento de Andalucía, ampliar el derecho de iniciativa a las asociaciones, obligar a las administraciones públicas a promover y facilitar el proceso de las ILPs, y eliminar el veto actual relativo a materias económicas y laborales. Los puntos se consensuaron en la asamblea, y comenzamos una labor de difusión y comunicación con las demás acampadas andaluzas.
Así, el día 31 de Mayo, a las 13:55, la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa para el Fomento de la Participación Ciudadana, presentó el borrador de dicha iniciativa en el Registro del Parlamento de Andalucía. Desde entonces, teníamos dos semanas para renegociar los términos de la iniciativa con el resto de asambleas andaluzas y con la propia administración. Durante esta semana sabremos si la Mesa del Parlamento admite a trámite la Iniciativa o no. Desde entonces, contaríamos con 4 meses para recoger 75.000 firmas y, una vez presentadas, el Parlamento dispondría de 6 meses para tratar la iniciativa en las Cortes: el Parlamento debe decidir si aprobarla o rechazarla, como cualquier otra ley propuesta por un grupo parlamentario.
Lo importante es que, tanto si se aprueba la Iniciativa como si no, sin duda hemos ganado. Si se aprueba, tendremos la oportunidad de poner a los políticos contra las cuerdas al proponer, una tras otra, ILPs que respondan a los verdaderos intereses de los ciudadanos. Y no nos referimos sólo a las propuestas de Democracia Real Ya, sino a cualquier otra propuesta ciudadana.
Si, por el contrario, deniegan la Iniciativa para el Fomento de la Participación Ciudadana, entonces se les verá el plumero más que nunca: definitivamente, demostrarían que prefieren seguir gobernando a espaldas de los intereses de los ciudadanos, sin escuchar sus propuestas legales.
¿No lo llamaban democracia?
La iniciativa está disponible de manera íntegra en
http://iniciativalegislativa15m.blogspot.com/
Comisión de Comunicación y Prensa
Movimiento 15-M.
Plaza de la Constitución s/n
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